Hasta finales de la Segunda guerra mundial, Europa fue un continente de emigrantes. Decenas de millones de Europeos partieron a las Américas para colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los totalitarismos europeos y de la persecución a minorías étnicas. Hoy, estoy siguiendo con preocupación el proceso de la llamada "directiva retorno". El texto, validado el pasado 5 de junio por los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea, tiene que ser votado el 18 de junio en el Parlamento Europeo. Siento que endurece de manera drástica las condiciones de detención y expulsión a los migrantes indocumentados, cualquiera sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación laboral, sus lazos familiares, su voluntad y sus logros de integración.
Paralelamente, la Unión Europea trata de convencer a la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) de firmar un "Acuerdo de Asociación" que incluye en su tercer pilar un Tratado de Libre Comercio, de misma naturaleza y contenido que los que imponen los Estados Unidos. Estamos bajo intensa presión de la Comisión Europea para aceptar condiciones de profunda liberalización para el comercio, los servicios financieros, propiedad intelectual o nuestros servicios públicos. Además a título de la protección jurídica se nos presiona por el proceso de nacionalización del agua, el gas y telecomunicaciones realizados en el Día Mundial de los Trabajadores. Pregunto, en ese caso ¿dónde está la "seguridad jurídica" para nuestras mujeres, adolescentes, niños y trabajadores que buscan mejores horizontes en Europa?
Puedes leerlo completo en (Fuente):
